La ideología globalista del flujo migratoria, el movimiento perpetuo y la recepción ono moderada se está resquebrajando por todas partes en Occidente. Lo vemos en Europa, lo vemos también en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, lo que está en cuestión es la gestión de la frontera sur, un verdadero barril de Danaides.
Si esta frontera ha sido problemática durante décadas, Trump tuvo el mérito de reintroducir un discurso riguroso en el debate público. Sin embargo, la laxitud de los demócratas vuelve al galope y, sobre todo, destaca una gestión calamitosa.
Durante su campaña, Joe Biden había prometido desmantelar la estricta política de inmigración puesta en marcha por Donald Trump en enero de 2019, conocida como Remain in Mexico («Quédate en México»). Esta disposición requería que los arrestados en la frontera permanecieran en México hasta que comparecieran ante un tribunal estadounidense para procesar su caso de asilo. Basta decir que esto logró un efecto bastante disuasorio.
A su llegada en febrero de 2021, Biden intentó por tanto poner fin a esta política, sin duda de ahí los registros de flujo registrados. En agosto de 2021, el número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera sur aumentó un +317% en comparación con el año anterior.
Asimismo, en los últimos meses la tensión migratoria ha sido más fuerte que nunca. Desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022, es decir, en cinco meses, la policía de fronteras detuvo a 838.685 inmigrantes ilegales. Raúl Ortiz, el jefe de la policía fronteriza de Estados Unidos precisa que estos alcanzan, este inicio de abril, ya el millón y proyecta una cifra de 2,7 millones al cierre del año fiscal, en octubre de 2022. Si se trata de un número pequeño detenidos, los otros están (esperando) hacinados en condiciones muy precarias.
Sin embargo, desde el verano pasado, el entusiasmo de los más laxos se ha desvanecido, tras varios rechazos de los tribunales federales y la Corte Suprema, así como negociaciones con el gobierno mexicano. La administración de Biden tuvo que dar marcha atrás y volver a los arreglos anteriores. En el lado republicano, esto es solo un breve respiro ya que, actualmente, se está desmantelando otra disposición de Trump.
El 1 de abril, de hecho, la administración Biden anunció que terminaría, para mayo, la legislación del «título 4» implementada por Trump en el contexto de la crisis de salud y eludiendo juiciosamente la legislación sobre inmigración. La sección 42 del código de los Estados Unidos otorga efectivamente al gobierno el «poder de prohibir, total o parcialmente, la introducción de personas y bienes» para evitar que una enfermedad contagiosa se propague al país.
Asimismo, la orden firmada el 20 de marzo de 2020 por Robert R. Redfield, entonces director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), especificó la necesidad de desalojos para controlar la propagación del coronavirus en las instalaciones fronterizas, así como para proteger a los agentes estadounidenses y preservar los recursos médicos.
Desde entonces, los inmigrantes no pueden solicitar asilo y son automáticamente devueltos. La medida, que pretendía ser temporal (solo duraría treinta días), se alargó y, en dos años, provocó la expulsión sistemática de dos millones de personas.
La revocación de la medida 42 hace temer a los republicanos un maremoto sin precedentes de inmigrantes ilegales de Centroamérica y Haití. Sobre este tema, Stephen Miller, el ex-asesor político de Donald Trump que trabajó en el expediente, reaccionó en Twitter: «Esto abrirá las compuertas de la inmigración a escala bíblica. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que organizará autobuses para inmigrantes sean llevados directamente a Washington».
Si el gobierno de Biden se defiende anunciando el despliegue de cientos de agentes adicionales a la frontera mexicana, el tema será decisivo para las elecciones de mitad de mandato.
Fuente: Boulevard Voltaire
