Fue una promesa emblemática de su campaña y fue el primer paso del presidente Joe Biden el día después de su juramento: firmar una serie de decretos sobre inmigración y presentar un proyecto de ley en el Congreso para regularizar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos.
Recuerde que el sistema estadounidense no es el nuestro: allí, los ilegales trabajan, principalmente en trabajos pequeños y mal pagados, y pagan impuestos donde residen. Por una parte, la economía que vive de los ilegales y, por otra, el arresto e ingreso sistemático de estos migrantes en campos de detención bajo el mandato de Trump que no fue del agrado de muchos. Además, está el caso de los «soñadores», jóvenes migrantes que llegaron siendo niños, a veces separados abruptamente de sus padres porque hasta ahora han sido protegidos de expulsiones por el programa DACA, ahora reclaman la ciudadanía estadounidense.
Es con este espíritu que el recién electo presidente se reunió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 22 de enero. Un encuentro deseado en «un afán de apaciguamiento en el tema migratorio» y que fue entendido por millones de habitantes centroamericanos como una promesa para lograr el sueño americano. Un ex-candidato por la inmigración, regresado a la frontera sur de México, dijo a Radio France Internationale (RFI): «En su discurso inaugural, Biden prometió un gobierno para todos. Prometió devolver sus derechos a los inmigrantes indocumentados del país, que en realidad son mano de obra barata que funciona para todos. (…) Nosotros, nuestra esperanza, es que Biden concrete su discurso de apertura y finalmente nos tenga en cuenta a nosotros, los migrantes».
Dicho y hecho: a través de sus promesas y los decretos adoptados al asumir el cargo, Joe Biden abrió de par en par las compuertas a la inmigración masiva, y en particular a la de menores no acompañados. Es RFI quien da la información, que es de poco interés para nuestros principales medios de comunicación, todos ocupados con el coronavirus e inclinados a no criticar a una administración estadounidense para la que se derriten.
Así, solo en el mes de febrero, «más de 9.000 menores no acompañados fueron atendidos por el servicio de protección de fronteras y aduanas de Estados Unidos». Tanto es así que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habla de un «número récord» de llegadas de migrantes desde México. Este aumento, observado desde hace varios meses, asegura el ministerio, se debe «a la violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza» en los países de Centroamérica. No se podría, en efecto, imaginar que se debe a las medidas anunciadas por el nuevo presidente cuya elección se da por sentada desde hace un año…
Curiosamente, es la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a quien se le acaba de encomendar la tarea de atender a los jóvenes migrantes. Teóricamente asignada a la atención de desastres naturales, aquí está la FEMA asignada por tres meses a la recepción de menores no acompañados. «El objetivo anunciado por la administración estadounidense es brindar alojamiento temporal y seguro a los niños que han cruzado la frontera, para luego entregárselos a personas que puedan cuidarlos, como miembros de su familia ya asentados en Estados Unidos», explica RFI.
Imaginando que el flujo se estabilizará (siempre podemos ser optimistas), se registrará una entrada anual de alrededor de 100.000 jóvenes, a los que, por supuesto, debemos sumar adultos. Los estados del sur de los Estados Unidos ya son predominantemente hispanos, una proporción que seguramente aumentará. ¿Quién puede creer entonces que la sociedad estadounidense, forjada de manera convulsa por la cuestión racial, se apaciguará con ella?
Fuente: Boulevard Voltaire
Marie Delarue es periodista.
