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La aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias en España


Rafael Berro Úriz | 11/11/2020

Está bien recordar que en Europa existe la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, un tratado que vela por la protección de esas lenguas y que España firmó en 2001. La carta tiene la peculiaridad de que cada país firmante decide en parte qué puntos del tratado se compromete a aplicar. Y el Consejo de Europa, a partir de unos informes que recibe y evalúa, determina si las políticas lingüísticas de los países cumplen o no la carta. Obviamente España está obligada a cumplir ese tratado o carta mientras esté dentro, pero puede abandonarlo sin que eso sea una mancha en su europeísmo. De hecho Francia, Bélgica o Italia no están en el tratado.

Y no es solo que España pueda salirse de la carta. Es que tendría que hacerlo por lo que se indica a continuación. Al ser un tratado sobre lenguas regionales, para participar en él, los nacionalistas vascos y catalanes deberían aceptar que el vasco y el catalán son lenguas regionales y no nacionales (regionales y minoritarias son ahí sinónimos), es decir que el País Vasco y Cataluña son regiones de España y no naciones (con derecho a decidir etc.); y ellos mismos deberían ser partidos regionalistas y no nacionalistas, no aspirar a la independencia, ser leales a España. Su política lingüística debería ser por ejemplo del tipo Unión del Pueblo Navarro, pero no lo es: buscan construir su nación y su independencia. En definitiva, se acogen a ese tratado y lo utilizan sin cumplir los requisitos necesarios. Como otras veces, hacen trampa en el juego. Y la trampa no acaba aquí.

Concretemos más. Cuando gobiernan en el País Vasco, Cataluña o Navarra, o cogobiernan (aquí con el PSN-PSOE), son los independentistas quienes en última instancia elaboran el informe que el Consejo de Europa recibe y examina, para avalar su política lingüística tras la visita a la región de algún representante del mismo; visita durante la cual los autores del informe pasan a ser los confirmadores del mismo. En nuestro caso para que el Consejo aprobase en diciembre de 2019 la política lingüística del gobierno de Barkos, que aquí el electorado desaprobó en 2018 con una manifestación masiva contra ella y haciendo perder las elecciones al cuatripartito autor de la misma. La consejera Ollo, de Geroa Bai, sacó entonces pecho tras la aprobación.

Pero hay que preguntarse si el informe que presentaron al Consejo de Europa informaba o no de esa protesta masiva y de ciertos aspectos de su política lingüística: de los desiguales derechos para ser funcionario privilegiando a los que saben euskera, de los recursos y condenas judiciales a sus políticas lingüísticas, de su boicot al Programa de Aprendizaje del Inglés (PAI) y a la libertad de los padres… y en el caso de Cataluña, de las multas por rotular en español, de la inmersión lingüística que niega la libertad para estudiar en el idioma materno, del incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional… Si (muy probable) callaron y callan todo eso, seguimos en el fraude.

Convierten la Carta Europea de las Lenguas Regionales, los informes y el Consejo de Europa en instrumentos para llevar adelante mediante engaños su política independentista. Si (muy improbable) no lo callaron y el Consejo avaló con pleno conocimiento su política lingüística, el Consejo hace una política antiespañola. En ambos casos, si un buen dia España quiere que termine el juego sucio de quienes intentan destruirla, habrá de parecerse a Francia o Italia, de anular la ratificación del tratado y salirse de la carta. El idioma que tendría que ser protegido por la carta en alguno de esos territorios es más bien el español, que es el perseguido.

Imagen: Euskal Herrian Euskaraz: Señal de tráfico con el indicativo de Vitoria tachado

 

Rafael Berro Úriz
Rafael Berro Úriz es profesor de filosofía jubilado.





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