La Comisión Europea inició una demanda contra Polonia el 22 de diciembre por fallos recientes de uno de los tribunales más grandes del país. Se plantearon inquietantes preguntas sobre el orden legal del «bloque» de 27 naciones (como dicen los ingleses, ahora fuera de la Unión Europea, pero más amigos de los polacos que nunca).
En octubre de 2021, el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que las leyes polacas prevalecen sobre las de la Unión Europea en áreas donde están en conflicto. Recuerdo que nos hablaron de la subsidiariedad. Pero luego, cuando los países se unen a la Unión Europea, como lo hizo Polonia en 2004, ahora deben ajustar sus leyes a las regulaciones del régimen de Bruselas, siendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el árbitro supremo de estas reglas.
Al iniciar su demanda, la Comisión Europea dijo que consideraba que dos fallos dictados por el tribunal constitucional polaco «desafían expresamente el imperio de la ley de la Unión Europea». La Comisión también expresó dudas sobre la legitimidad del tribunal polaco.
Al anunciar esta decisión, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, declaró que estas decisiones «violan los principios generales de autonomía, primacía, eficiencia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal de Justicia de Unión Europea». Gentiloni también dijo a la agencia estadounidense AP que la Comisión, que propone las leyes de la Unión Europea y supervisa la forma en que se aplican, considera que el tribunal polaco «ya no cumple con los requisitos de un tribunal. Independiente e imparcial establecido por la ley como lo exige el Tratado».
La demanda es solo la última de una serie de enfrentamientos entre el régimen de Bruselas y el gobierno polaco de derecha por el estado del sistema judicial del país, las normas del estado de derecho y las libertades de los ciudadanos y los medios de comunicación.
También durante este año 2021, la Comisión solicitó multas para obligar a Varsovia a mejorar el funcionamiento del Tribunal Supremo y suspender nuevas leyes que amenacen la independencia judicial. El TJCE ordenó a Polonia que pagara 1,2 millones de dólares por día para evitar «daños graves e irreparables» al orden jurídico y los valores de la Unión Europea.
El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki rechazó las objeciones de la Comisión, incluido el hecho de que Bruselas cuestionaría la independencia del Tribunal Constitucional. Dijo a la agencia de prensa polaca PAP que el Tribunal «no solo cumple todos los criterios para la independencia, sino que (que) es un Tribunal Constitucional que garantiza que la Constitución sigue siendo la ley suprema de la República de Polonia».
Por su parte, el portavoz del gobierno Piotr Müller dijo que la Comisión se había excedido en su autoridad: «Los órganos de la Unión Europea no pueden funcionar fuera de sus competencias literalmente expresadas». Sebastian Kaleta, viceministro de Justicia, fue más allá y calificó la actitud de Bruselas de «un ataque a la Constitución polaca y la soberanía del país».
El primer paso en la acción legal es que la Comisión envíe una «carta de notificación formal» solicitando una reacción e información de Polonia. Varsovia debe responder detalladamente en un plazo de dos meses. Los países que no cumplan con las sentencias de los tribunales de la Unión Europea pueden enfrentarse a fuertes multas y, posiblemente, a la pérdida de los derechos de voto. Dentro de dos meses, es decir, durante las primeras semanas de 2022…
Fuente: Boulevard Voltaire
Thierry Martin es articulista, sociólogo y empresario.
