Es una música que empieza a sonar en los medios de comunicación y que el landernau político repite una y otra vez para asustarse: en 2027 será la elección de Marine Le Pen como presidenta de la República Francesa.
Los augures ultramodernos explican esta predicción por analogías. Tras dos mandatos, Barack Obama, que, de haber podido presentarse de nuevo, habría ejercido un tercer y luego un cuarto mandato, dio paso a Donald Trump. Incapaz de volver a presentarse, Emmanuel Macron daría el relevo al finalista fracasado de 2017 y 2022. Esta audaz hipótesis se basa en una izquierda, unida o no, ausente de la segunda vuelta, Los Republicanos en coma y, sobre todo, una mayoría presidencial dividida en varios candidatos (Édouard Philippe, François Bayrou, Bruno Le Maire, quizás Gérald Darmanin y un representante del ala progresista de los «macronistas»). Por último, apuesta por una creciente exasperación popular general que propicie la victoria del marianismo.
Pero el escenario previsto no se detiene en 2027. Incluye la siguiente legislatura presidencial con una nueva candidatura de Emmanuel Macron, de 55 años. Volvería al Elíseo por otros diez años. Observemos el tumulto permanente generado por una oposición proteica que ha paralizado, parasitado y ensombrecido la acción de Trump y del brasileño Jair Bolsonaro. Hoy, la italiana Giorgia Meloni demuestra lo difícil que es liderar un país occidental cuando no se procede enteramente de los cenáculos oficiales. Los medios de comunicación, la oposición de izquierdas, la alta administración y la judicatura la rodean y le impiden llevar a cabo las políticas para las que fue elegida. En cuatro meses, la presidenta de Italia ha dado marcha atrás en sus promesas electorales, aplica una política estrictamente acorde con la de Mario Draghi y tiene que vérselas con la Comisión de Bruselas, que sabe que la balanza de poder está a su favor.
A pesar de una posible mayoría absoluta en el Palais-Bourbon, Marine Le Pen en el Elíseo estaría atada y vigilada por el Consejo Constitucional, el Tribunal de Casación, el Tribunal de Justicia de la pseudo-Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Estado, las redes de influencia infiltradas en la función pública, los sindicatos, los medios de comunicación, la ONU, la OTAN, etc. O bien renunciaría a secciones enteras de su ya ligero programa, lo que sumiría a Francia en la decepción, el estancamiento y la despolitización, o bien su experiencia presidencial acabaría a lo Mohamed Morsi, en referencia al presidente islamista egipcio derrocado tras un año en 2013, lo que provocaría un rápido regreso de su predecesor a la jefatura del Estado.
Otra especulación que entusiasma a los comentaristas políticos es el riesgo de disolución de la Asamblea Nacional. Emmanuel Macron está irritado por no disponer ya de mayoría absoluta. Estaría tentado de convocar elecciones legislativas anticipadas al primer pretexto que encuentre. Sin embargo, las circunstancias actuales no se prestan a esta maniobra política. A partir de septiembre de 2023, la Copa del Mundo de Rugby se celebrará en Francia.
Es difícil estar en campaña electoral a estas alturas. En 2024, aparte de los tres o cuatro primeros meses del año, habrá primero las elecciones europeas de mayo o junio, a menos que vayan acompañadas de elecciones legislativas anticipadas, y después los Juegos Olímpicos. El final de éstos sería una oportunidad bastante buena, siempre que los Juegos Olímpicos sean un éxito innegable sobre el que el Jefe del Estado pueda apoyarse. No es seguro que este costoso acontecimiento tenga éxito, habida cuenta del estado de los transportes públicos parisinos, de la organización del evento y de la seguridad. Es muy previsible un efecto Stade de France con esos desagradables ingleses atacando a la escoria honrada del 9-3.
En caso de disolución, la Asamblea Nacional conservaría quizás una mayoría relativa o, hipótesis más improbable, consagraría la victoria de la Agrupación Nacional. En esta perspectiva, Marine Le Pen ya ha anunciado que rechazaría su candidatura a Matignon. Al igual que el polaco Jaroslav Kaczyński, líder durante mucho tiempo del grupo parlamentario mayoritario, seguiría siendo presidenta de su grupo en el Palais-Bourbon. Esta retirada táctica preservaría en parte sus posibilidades de ganar en 2027. Sin embargo, cualquier gobierno de la Agrupación Nacional se vería obstaculizado como se ha descrito anteriormente y experimentaría una cohabitación difícil con un presidente dispuesto a hacer cualquier cosa para descarrilarlo, incluso si eso significa disolver de nuevo la Cámara Baja en cuanto pase un año.
La desastrosa revisión constitucional de 2008, deseada por Nicolas Sarközy y aprobada por los pelos en el Congreso de Versalles, que impide cualquier tercer mandato presidencial consecutivo, congela las iniciativas del actual inquilino del Elíseo. Sin esta estúpida restricción, prueba flagrante de la americanolatría del ex alcalde de Neuilly-sur-Seine, Emmanuel Macron podría dimitir, ser reelegido, disolver la Asamblea en junio de 2022 y, esta vez sí, obtener la mayoría absoluta. Sin embargo, si dimite durante su segundo mandato, ¿podría presentarse inmediatamente a la reelección teniendo en cuenta que la presidencia interina de la República por el presidente del Senado cuenta como un mandato?
Los constitucionalistas difieren sobre la respuesta. Una minoría sostiene que su candidatura sería legítima e invoca un dictamen del Consejo de Estado emitido el 25 de octubre de 2022. Cuando el Gobierno le planteó la cuestión de la presidencia de la Polinesia Francesa y la posibilidad de que un presidente pudiera ejercer un tercer mandato, a pesar de que la ley orgánica prohíbe más de dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno, el juez administrativo explicó finalmente que «la disposición se entiende en el sentido de limitar el ejercicio de la presidencia de la Polinesia a dos mandatos completos sucesivos de cinco años, y que una persona que haya ejercido dos mandatos sucesivos, uno de los cuales sea inferior a cinco años, puede presentarse legalmente a un tercer mandato». La mayoría de los especialistas coinciden, sin embargo, en que correspondería al Consejo Constitucional, cuyos miembros no son imparciales (como hemos visto con la aprobación del horrible pasaporte sanitario), validar o no los patrocinios.
Para aterrorizar a sus pocos lectores bienintencionados a bajo coste, la prensa de brocha gorda y los prescriptores de opiniones convencionales construyen de buena gana vanas suposiciones políticas. Sin embargo, hay que recordar que la actividad política y electoral se desarrolla actualmente en un marco reglamentario desfavorable a la oposición nacional, popular, social, identitaria y europea. Llegado el momento, tendrá que liberarse de la camisa de fuerza institucional estableciendo una situación excepcional capaz de sustituir realmente los fundamentos filosóficos del gobierno.
Nacido en 1970, Georges Feltin-Tracol es colaborador de la revista Synthèse nationale y de los Cahiers d’Histoire du Nationalisme. Colabora en la actualidad con Radio Méridien Zéro. Es autor de más de una decena de ensayos.
