El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha solicitado a los prefectos que «prioricen las expulsiones del territorio» de los extranjeros ilegales que provoquen «graves alteraciones del orden público». Según Darmanin, «hay que actuar».
La orden, emitida a los prefectos el pasado 11 de junio y hecha pública por el diario Le Parisien, señala que el permiso de residencia para los ilegales que delincan quedará reducido a un año como máximo y quedará sujeto «a un nuevo examen de su situación que podría llegar a obligarle a abandonar suelo nacional» en el caso de que cometan más actos ilícitos.
Darmanin exigió a los prefectos que fueran «más eficientes» a la hora de expulsar a extranjeros ilegales «activando las medidas vigentes». Por su parte, el ejecutivo de Macron se comprometió ante los prefectos a negociar con los países de origen de los mismos un mayor número de regreso de sus nacionales.
Así, la Francia de Emmanuel Macron, ferviente partidario de la multiculturalidad y de las migraciones, da un paso atrás y se dispone a expulsar de su país a aquellos «individuos que perjudiquen a la nación».
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