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Por una España de niños y familias (II)


Francisco Torres García | 25/10/2020

Girón va a ser el impulsor de esta nueva política a partir de lo dispuesto en el Fuero del Trabajo bajo la premisa de que había que cubrir todo el «ciclo familiar» para protegerlo «en sus crisis posibles o en sus dificultades naturales». A los Préstamos de Nupcialidad, que impulsaban la constitución de la familia, tenía que añadirse la protección en el nacimiento en un país caracterizado por sus altísimas tasas de mortalidad infantil, especialmente entre las clases populares, sobre todo campesinas. De ahí que fuera fundamental ampliar continuamente el Seguro de Maternidad. En julio de 1941 se aprobaba la Ley de Sanidad Maternal e Infantil. En los años siguientes, desde una u otra institución, se atendía a miles de partos. La ampliación de las coberturas en 1942 hace que el seguro quede reconocido para todas las mujeres de los trabajadores cubriendo a 1.783.000 mujeres. El Subsidio Familiar se transforma en la ayuda mensual tras el nacimiento y a él se añade el Subsidio de Escolaridad para facilitar el acceso al colegio a los niños y en 1953 se creaba el Seguro Escolar.

En la misma línea de apoyar el modelo de familia católica se iba a poner en práctica una política de promoción de las familias numerosas. El régimen de Franco se confirmó desde sus inicios como pronatalista y contrario a todo lo que se dimanara de las diversas políticas de herencia malthusiana. El franquismo social se iba a volcar a favor de la natalidad y eso implicaba crear las condiciones que hicieran posible tener hijos. Franco firmó la primera ley de protección a las familias numerosas en agosto de 1941, siendo mejorada el 13 de diciembre de 1943 y, con celeridad, como era habitual, tres meses después se hacía público su reglamento. La condición de familia numerosa se obtenía al tener cuatro hijos, lo que no era inusual en la época por lo que la protección se extendía a un número importantísimo de familias y, evidentemente, animaba a la procreación. A diferencia de otra normativa los beneficios de la ley eran para todas las familias y no solo para los trabajadores. Ahora bien, para los trabajadores constituía un fuerte estímulo y apoyo. El apoyo indirecto a la natalidad que la acompañaba implicaba el aumento de la percepción derivada del subsidio familiar que fue inmediatamente elevado en su cuantía. A ello se sumaría toda una política de beneficios directos e indirectos. No pocas normas referidas a los beneficios del Estado Social que se estaba creando incluían mención a las familias numerosas más allá de las reducciones en los impuestos y desgravaciones. Las familias numerosas tenían preferencia a la hora de que se les concedieran estancias en los albergues y residencias del Estado; los hijos tenían preferencia a la hora de acudir a los campamentos; reducción en los transportes; preferencia en la obtención de empleos; concesión de viviendas públicas adaptadas al tamaño de la familia; reducción o exención de tasas en los centros de enseñanza, becas, y, algo importante para las familias rurales, la entrega de parcelas para la explotación agraria vinculadas al tamaño de la familia (las famosas vacas de Franco).

Como indicamos los subsidios familiares, el primer seguro social del franquismo social (1938), sin que algunos autores parezcan darse cuenta, no eran finalistas sino el inicio de una política de protección a la familia que no haría más que ampliarse hasta los años sesenta cuyo objetivo no era otro que hacer posible que los padres pudieran criar a sus hijos. Algunos críticos señalan las deficiencias del subsidio porque no era un «régimen nacional»; el subsidio no era para todas las familias sino para las que mayor ayuda necesitaban, para los trabajadores, para las clases populares. De todos modos, el número de beneficiarios fue extendiéndose. Según declaraciones de Girón en julio de 1942 existían 1.400.000 subsidiados.

En 1945 se incrementaba el subsidio al aprobarse un complemento salarial vinculado al número de hijos y también en función de si en la unidad familiar la mujer trabajaba o no. En caso de no hacerlo se incrementaba el complemento. La empresa tenía que satisfacer este plus a partir de un fondo constituido por un porcentaje de la masa salarial.
Al igual que sucedía en general a la hora de aplicar las medidas que el franquismo social impulsaba, los trabajadores públicos y los funcionarios eran los primeros en percibir las mejoras. Estos complementos se desarrollaron en paralelo en su reglamentación en el caso de los funcionarios y los asalariados. A partir de 1954 los funcionarios comenzaron a recibir la denominada ayuda familiar. La ayuda era lineal para los funcionarios (hasta auxiliar administrativo): 300 pesetas si la mujer no trabajaba y 200 pesetas por cada hijo menor de 10 años y 300 si era mayor y no trabajaba; para los subalternos el importe era menor: 240 para la mujer, y 160/240 pesetas por cada hijo a su cargo.

Hay quienes desde el presente, presionados probablemente por la necesidad de que sus textos no puedan ser acusados de profranquistas, no dudan a la hora de indicar que en realidad se trataba de ayudas muy pequeñas en relación al coste de la vida y la situación salarial que se vivió hasta la segunda mitad de los cincuenta. Cierto es que las cantidades del subsidio fueron inicialmente pequeñas, pero constituían un importante sobresueldo para las clases populares que es necesario poner en correlación con otros que el franquismo social, de la mano de Girón y con el cerrado apoyo de Franco a su ministro, puso en marcha desde las pagas extra a nuevas percepciones. Surge así el Plus de Cargas Familiares, los célebres puntos que se unían a los Pluses de Carestía de Vida . El Ministerio de Trabajo lo había introducido en las Reglamentaciones de Trabajo (1942) y se convertía en obligatorio con la Orden de 29 de marzo de 1946. Los puntos tuvieron una enorme popularidad entre las clases populares pues suponía un sobresueldo pagado por las empresas a partir de un porcentaje establecido sobre el total de los salarios que pagaba la empresa. El dinero se repartía en función de los puntos que cada trabajador tuviera asignados y era gestionado por los propios trabajadores con el jefe del centro de trabajo (Comisiones del Plus Familiar). Dos años después, Girón conseguía la unificación de parte de los seguros sociales integrando los subsidios familiares (no los pluses) con los de vejez, invalidez, enfermedad y maternidad.

También en el ámbito de los impuestos la familia salía claramente beneficiada. Si atendemos a las disposiciones que cierran el período hasta los inicios del desarrollismo nos encontramos con un sorprendente dibujo. Dejemos a un lado el hecho de que los obreros estaban exentos de tributación. Con respecto al Impuesto sobre Rendimiento del Trabajo Personal, a partir de 1959 se establece que los titulares de familia numerosa de primera categoría tendrán una exención del 50% y los de segunda el total. En 1954 se había establecido una bonificación en la base tributaria por hijo menor de 25 años de 10.000 pesetas que se ampliaron a 25.000 en la ley de 1960.

No solo esto, sino que además debemos estimar la contemplación de la previsión y protección a la familia a través del Seguro Obligatorio de Enfermedad porque las prestaciones ante la enfermedad se ampliaban en un 10% en el caso de que el asegurado tuviera hijos, los tiempos de atención se incrementaban y se aseguraba al trabajador con familia ante la posibilidad del «paro tecnológico» (1955). Luego estaban todos los beneficios que se incluían en el mutualismo laboral, comunes en lo referente a nupcialidad, natalidad, viudedad, orfandad y deducción (Decreto de 10 de agosto de 1954).

Este modelo se mantendría hasta la promulgación en diciembre de 1963 de la Ley de Bases de la Seguridad Social. La nueva ley destinaba las Bases Quinta y Undécima a la protección a la familia. Sería muy extenso referir todas sus aportaciones. Lo fundamental es que los subsidios se transformaban en lo que de hecho eran, prestaciones (1966). La nueva Seguridad Social establecía no el derecho sino la obligación de los afiliados a percibir: una asignación mensual por cada hijo; una asignación mensual en caso de incapacitación; una asignación por matrimonio y otra por nacimiento . Los trabajadores pasaban a recibir 300 pesetas mensuales en caso de que la mujer no trabajara y 200 pesetas por cada hijo. Además recibirían de la Seguridad Social 5.000 pesetas al contraer matrimonio y 2.500 al nacer cada hijo (era algo superior al salario mínimo mensual de 1967). Dos años después los funcionarios se incorporarían a este modelo cuyas cantidades se incrementarían en algunos casos hasta la muerte de Franco (la ayuda familiar en 1968 y 1975). Dejemos a Maluquer la valoración de lo que la protección a la familia había significado como parte integrante del franquismo social: «La más importante de las prestaciones sociales, en términos de recursos aplicados, fue la de protección familiar, que ostentaba cifras algo superiores a las de las pensiones. Desde 1969 fue superada por las pensiones y por el gasto sanitario. Posteriormente quedó sometida a congelación hasta su completa eliminación, en contraste con la mayoría de los países europeos que destinan fondos de importancia al apoyo de mujeres y familias. Desde entonces, España es el país europeo que aplica menos recursos a la función de protección social por maternidad y familia».

Por una España de niños y familias

Primera parte
Segunda parte

Francisco Torres García: Franco socialista. SND Editores (Mayo de 2018)

Nota: Este artículo es un extracto del citado libro