Nunca hubiera sospechado en tiempos pasados que en España se montaría una institución del Estado llamada Ministerio de Igualdad (desaparecida la palabra mujer) dedicada a beneficiar a todo aquel que sustituya a las mujeres, e incluso las agreda, las maltrate y las viole y a ridiculizar el feminismo.
Nadie está haciendo más daño al feminismo, y por ende a las mujeres, que esta ministra de igualdad llamada Irene Montero. Y con ella la corte de amigas enchufadas que ostentan diversos cargos de alto nivel en el escalafón del ministerio.
Nunca hubiera sospechado que la delegada de violencia de género (ese término sacado de los archivos estadounidenses) Victoria Rosell, que ha sido jueza y magistrada durante varios años fuera capaz de decir en público los disparates jurídicos que le he oído en estos últimos dos meses, trágicos para las mujeres. Y sin que ya sepa calificar a Ángela Rodríguez, secretaria de estado de igualdad, la segunda de la ministra, que no puede alcanzar mayor grado de ignorancia, engreimiento y descaro, cuando de burlarse de la situación de desvalimiento y desprotección de las mujeres se trata.
El feminismo ha perdido estos días dos batallas fundamentales para proseguir su camino de progreso y avances para las mujeres. La llamada ley del «sí es sí» que se aprobó por una mayoría suficiente en el parlamento y entró en vigor el 7 de octubre de 2022, ha servido para liberar a dos docenas de violadores condenados por sentencia firme y rebajar las penas de otros más de 400.
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— Letras Inquietas (@let_inquietas) November 21, 2021
La llamada ley trans ha pasado con éxito el trámite del Senado, después del Congreso, y dentro de poco la tendremos publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esta ley, la joya de la corona de Irene Montero, ha sido objeto de acerbas y acertadas críticas por parte de todo el movimiento feminista. Las que la apoyan que no se atribuyan el nombre de feministas porque nada tiene que ver con la ideología y el largo camino de lucha que ha recorrido el movimiento feminista, a lo largo de los siglos.
Ambas leyes han sido prohijadas ardientemente por la ilustre Montero, y la trans además apoyada (¿y financiada?) por el poderoso lobby trans. Ni una ni otra benefician a las mujeres. La una rebaja las penas a los violadores, la otra invisibiliza a las mujeres y les reduce los puestos en el deporte, en la política, en la sociedad, que se habían conquistado tras largos de luchas, amén de permitir la hormonación y castración de los menores.
Pues bien, las ilustres Montero, Rosell y Rodríguez, han sido las arquitectas de esos siniestros edificios donde se practica la tortura contra las mujeres. Empeñadas en que la ley del «sí es sí» es muy buena para proteger a las mujeres agredidas sexualmente, rebajaron las penas de toda la escala punitiva y por tanto enviaron a la calle a los que habían sido condenados anteriormente. Sorprende la agresividad que han mostrado las tres al responder a las críticas. La ilustre jueza Rosell afirmó que los jueces se habían equivocado en las sentencias anteriores y pretendía que se corrigieran. La Montero afirmó que el machismo de los magistrados les impelió a liberar a los violadores y la Rodríguez se divirtió mucho riéndose de que los delincuentes salieran a la calle. No solo son totalmente ignorantes de la doctrina jurídica, de las procesos que rigen la biología e incapaces de razonar, sino que además son unas engreídas, que se enfrentan a gritos a la judicatura, a la medicina y la psicología y al movimiento feminista arguyendo disparates.
La ya famosa ley no solo se muestra compasiva con los delincuentes sino que no garantiza que la víctima pueda demostrar que no hubo consentimiento en el intercurso sexual. Manteniendo, como en la ley de violencia de género, que sea la víctima la que pruebe la agresión nada asegura que salga victoriosa del empeño. Y pretender que se invierta la carga de la prueba se considera un sacrilegio del sagrado derecho penal, como si significara que la declaración de la víctima mete en la cárcel inmediatamente al violador, sin juicio ni posibilidad de defensa. Lo que sí significa tener que probar la resistencia ofrecida por la violada es que el violador se vaya a su casa impune.
De la ley trans he hablado tanto que me siento ahíta. Y sobre todo impotente. Sentimiento lógico cuando después de tres años de críticas razonadas que me llevaron a ser procesada por la fiscalía de odio durante un año, de artículos, programas de radio y televisión, conferencias, mesas redondas, comunicados del Partido Feminista, intentos de encuentro y diálogo con la ministra de Igualdad, para razonarle el despropósito de su propósito, no sólo esta ha seguido adelante con su ley, sino que ha estado apoyada por el PSOE y otros más, y ninguno de los juristas e instituciones que tenían que informar a la cámara ha puesto objeciones a ella.
La tímida abstención de Carmen Calvo y la más valiente negativa de la senadora Susanna Moll no han sido suficientes para torcer el plan de la Montero, sobre todo porque Pedro Sánchez la ha protegido, incluso sobre sus propias afiliadas al PSOE, que varias de ellas se han manifestado públicamente en contra. Y sigo sin saber por qué.
Esta batalla la ha perdido no sólo el feminismo sino también todas las mujeres y los menores y los padres y la sociedad entera, porque esta ley trans actúa también contra el sentido común y las leyes de la naturaleza, y estas siempre se vengan de los necios que las conculcan. Pero cuando esto comience a suceder se habrán castrado miles de niños, se habrán mutilado miles de niñas, que estarán desesperados y desesperadas por haber sido engañadas desde la pubertad, se les habrá quitado el trabajo, y el puesto y la competición a miles de mujeres y entonces será tarde para remediar estos males con una modificación de la ley.
