¿Se ha equivocado Donald Tusk por exceso de confianza… y de ideología? De nuevo en el poder gracias a las elecciones del pasado otoño, el jefe liberal de Plataforma Cívica, antiguo presidente del Consejo Europeo (2014-2019) que expulsó al PiS del poder y lo devolvió a la oposición, intenta neutralizar a esta última con detenciones y operaciones policiales.
No importa, porque actúa en nombre del «Estado de derecho», esa quimera política y jurídica cuya plasticidad le permite adaptarse a cualquier situación, siempre que respete «los valores fundamentales de la Unión Europea», es decir (por decirlo claramente) la política que sigue la Comisión.
¿Qué ha pasado desde el 20 de diciembre?
Ese día, la Dieta polaca aprobó una resolución que permitía al ministro de Cultura del Gobierno de Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz (antiguo ministro del Interior en el Gobierno de Tusk de 2013, antes de la era del PiS y, según la revista The European Conservative, antiguo teniente coronel del Servicio Secreto), despedir a los responsables de la radio y la televisión públicas polacas.
Al día siguiente, se envió a la policía al lugar de los hechos, mientras los parlamentarios del PiS se turnaban para impedir lo que consideraban una acción ilegal. La radiotelevisión pública cesó entonces sus emisiones, y se nombró un nuevo equipo directivo con el objetivo de desechar los esfuerzos de «repolonización» del gobierno anterior. Para ello, el nuevo primer ministro, Donald Tusk, se saltó discretamente el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, creado por PiS en 2016, así como el procedimiento parlamentario ordinario para estos asuntos. «La Constitución ha sido violada flagrantemente por el ministro Sienkiewicz», reaccionó el presidente Duda, próximo al PiS y que será reelegido en 2020 por otros cinco años. Esta toma de poder provocó las iras de sus adversarios, por supuesto, pero también la incomprensión de los electores centristas, según informa Le Figaro.
Dos diputados detenidos
Y eso no es todo: dos diputados del PiS, Mariusz Kamiński, exministro del Interior, y Maciej Wąsik, exsecretario de Estado, fueron detenidos en el palacio presidencial el 9 de enero, en ejecución de una orden judicial de un juez… cuya madre trabaja en el Ministerio del Interior: habían sido condenados en 2015 por abuso de poder, escuchas ilegales y uso de falsificaciones cuando dirigían la oficina anticorrupción… que investigaba al entorno de Donald Tusk.
Posteriormente fueron indultados por el presidente Duda, un indulto que, de nuevo en nombre del Estado de Derecho, el mismo juez dijo que debía ignorarse. Los dos diputados se han declarado en huelga de hambre, y su internamiento fue objeto de una reciente reunión entre sus enemigos Tusk y Duda.
Por supuesto, todos estos acontecimientos y la brusquedad de un sistema de despojo que no respeta ninguna ley ni procedimiento legal han provocado numerosas manifestaciones en el país.
La última novedad: el 18 de enero, el Tribunal Constitucional del país dictaminó «que las disposiciones del Código de Comercio polaco utilizadas por Sienkiewicz para sustituir a la dirección de los medios de comunicación públicos y liquidarlos no se ajustaban al artículo 2 de la Constitución polaca», informa Euractiv.
El presidente Duda se había negado a aprobar el presupuesto de 68 millones de euros para la televisión pública, lo que llevó a la liquidación obligatoria de los medios públicos, TVP y Polskie Radio. El Tribunal Constitucional dictaminó que «la utilización del derecho mercantil para destituir a los consejos de administración de estos medios públicos carece de efectos jurídicos».
Tranquilos, el Estado de Derecho se respeta, según las autoridades europeas, que siempre se apresuran a sancionar al anterior gobierno por este asunto, incluso financieramente. En efecto, si la decisión del Tribunal Constitucional no va en el sentido del nuevo gobierno… es este mismo tribunal el que plantea un problema, ya que sigue dominado por el PiS. Entonces, ¿puede el ministro de Cultura, Sienkiewicz, ignorar soberbiamente estas decisiones «en los negocios jurídicos, puesto que no existen»? En efecto, «las sentencias y resoluciones (…) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo sobre la estructura actual del Tribunal Constitucional (…) confirman que no es un tribunal constitucional independiente e imparcial», declaró.
Para Tusk, una «cuestión personal»
¿Por qué tal implacabilidad, tal brusquedad y rapidez, por qué tal desprecio por los procedimientos legales que, en cualquier caso, habrían permitido al Gobierno de Tusk, a largo plazo, recuperar el control de los medios de comunicación públicos?
En una entrevista con la revista The European Conservative, Filip Styczyński, antiguo director de TVP World (el canal en inglés de la televisión pública polaca), explica todas las dimensiones de este asunto: «Para Tusk, la destrucción de todas las instituciones conservadoras o pro-PiS no es sólo una cuestión política, es una cuestión personal, una venganza por las derrotas que sufrió en el pasado».
Por otro lado, la Plataforma Cívica se ha creído su propia propaganda, su propia realidad paralela, y cree que eso es lo que debe hacer para «salvar la democracia». Por eso la actitud del gobierno, con el uso de la fuerza policial, es tan exagerada, y sólo podemos esperar que vaya a más. ¿Quién se indigna en Bruselas ante la aparición de una democracia auténticamente antiliberal en el corazón de Europa?
Nota: Cortesía de Boulevard Voltaire
Marie dArmagnac es periodista y ensayista.
