El 9 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo, casi a hurtadillas, sobre la introducción de un documento de identidad digital que centralice los datos personales de los ciudadanos de toda Europa. Ya se trate de garantizar la seguridad de los datos o de un rastreo a gran escala, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para los ciudadanos europeos? Virginie Joron, diputada de la Agrupación Nacional en el Parlamento Europeo, lo analiza y explica.
Sabine de Villeroché: ¿Qué contiene y cómo funciona este proyecto de cartera digital europea?
Virginie Joron: Se supone que la cartera europea de identidad digital permite autenticarse para utilizar servicios en línea públicos y privados. Para justificar su proyecto de identidad digital europea, la Comisión de Bruselas ha citado cuatro ejemplos de aplicaciones: el permiso de conducir, la sanidad electrónica, los pagos y el reconocimiento de títulos.
¿Quién tiene hoy problemas con su permiso de conducir? ¿Qué le impide alquilar un coche en Irlanda o Estados Unidos y pagar con su tarjeta bancaria? Está claro que se trata de un falso problema. En cuanto al reconocimiento de títulos en el extranjero, ¿a cuántos franceses afecta esta situación?
En consecuencia, el principal objetivo de los grupos de presión y de la administración europea parecen ser los historiales médicos. Al igual que ocurrió en el sector de la seguridad tras el 11 de septiembre de 2001, durante la pandemia del Covid-19 los ciudadanos aceptaron numerosas invasiones de su intimidad que habrían sido inimaginables hace tan sólo unos años. Y para no «perder la oportunidad creada por una crisis», la aceptación de ciertas herramientas digitales obtenidas durante esta crisis (códigos QR, herramientas de teletrabajo como las teleconsultas médicas o la firma electrónica) se está utilizando para justificar un cambio hacia el acceso, la transferencia y la reutilización de datos sanitarios íntimos a gran escala.
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¿Por qué quieren poner en marcha este sistema?
Lo veo en los expedientes presentados al Parlamento Europeo: muchas de las actividades de la Comisión van encaminadas a compartir nuestros datos médicos, y eso me parece preocupante. Para nosotros, la protección del secreto médico y la no discriminación son principios absolutos.
Por eso no acepto que las sanciones hayan sido tan débiles contra los gigantes de Internet cuando se han filtrado o pirateado los datos personales de miles de millones de personas. El texto sobre identidad digital estipula que los Estados miembros podrán definir las sanciones, y se ha mencionado la cifra del 1% del volumen de negocios, pero estaremos muy atentos a la actitud del Gobierno. Este proyecto está en línea con los 17 «Objetivos de Desarrollo Sostenible» de la ONU, definidos en 2015, que incluyen la transición digital como herramienta.
¿Existe una necesidad real y urgente de proteger nuestros datos personales a nivel europeo?
En todos los informes tecnológicos al Parlamento Europeo señalamos que los datos personales deben permanecer en Europa. Pero somos casi los únicos que lo decimos. Mire de nuevo el acuerdo comercial con Nueva Zelanda votado esta semana en Estrasburgo: con cada acuerdo comercial, Bruselas parece preocupada por compartir nuestros datos con todo el mundo. Las diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a iniciativa del valiente ciudadano austriaco Maximilian Schrems (contra Safe Harbour en 2015, contra Privacy Shield en 2020) no parecen haberla desanimado. En Davos en 2021, Emmanuel Macron proclamó esta misma renuncia en un suspiro: «¿Quién puede pretender ser soberano frente a los gigantes digitales?».
No entiendo por qué Microsoft es la única empresa capaz de gestionar y compartir los historiales médicos de los franceses. La decisión del Gobierno de crear un «centro de datos sanitarios» a través de Microsoft no nos parece acertada. ¿No había ninguna empresa francesa o europea capaz de hacerlo? Tanto para la nube como para la identidad digital, prefiero las soluciones autóctonas. Sigo con interés la solución propuesta por actores franceses como La Poste-Dassault-Bouygues (Docaposte) o Scaleway/OVH. Somos los únicos que aportamos a Bruselas esta opción de soberanía, seguridad y autonomía.
¿Qué consecuencias concretas tendrá la introducción de una cartera de identidad digital en la vida cotidiana de los ciudadanos?
Personalmente, comprendo obviamente las ventajas de la tecnología digital. Esta opción ya existe en algunos países. Y no me preocuparía por ello en un Estado que respeta a sus ciudadanos. Pero hemos vivido durante el coronavirus una deriva autoritaria del Estado bajo el régimen de Emmanuel Macron y gran parte de Europa, con la notable excepción de Suecia. Canadá congeló las cuentas bancarias de cientos de manifestantes camioneros en febrero de 2022. Se dice que Corea del Sur ha rastreado a sus ciudadanos sin previo aviso a través de sus tarjetas bancarias y videovigilancia. Por desgracia, como políticos, tenemos que tomar nota de estas decisiones. Los tótems han caído: una parte de la población ha sido confinada y luego discriminada sobre la base de convicciones que han demostrado ser efímeras, falsas o engañosas.
El posible divorcio entre democracia y liberalismo ya no es sólo un debate intelectual. Las élites, de Bruselas a París, están consternadas por la elección de Trump, por el Brexit, por el referéndum de 2005 y por la perspectiva de pedir la opinión del pueblo.
Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial de Davos, escribe en la página 106 de su libro sobre el Great Reset que los tres conceptos de democracia, globalización económica y soberanía nacional son irreconciliables y que sólo dos de ellos podrían coexistir. ¿Hay que elegir entre el Estado y la democracia?
La identidad digital nos adentra en otro modelo de sociedad, en el que un Estado totalitario podría tener pleno conocimiento de la vida de una persona y hacerse con su control. ¿Nos perseguirá mañana Bruselas en nombre del CO2? Podemos ver cómo actúa hoy China con la aplicación del crédito social. Podemos imaginar que las dictaduras soviéticas no habrían caído si hubieran tenido estas posibilidades. La identidad digital es también un signo de una tendencia a la privatización del mundo en que vivimos. ¿Vamos a confiar un papel regio, la autentificación de un individuo privado, a empresas privadas (Google…). Después del embajador de Google, ¿el carné de identidad de Google?
La identidad digital es un salto cuántico; no habrá vuelta atrás. Esta identidad digital europea está oficialmente diseñada para hacernos la vida más fácil. Ya no necesitaremos ni carné de identidad, ni tarjeta bancaria, ni tarjeta de viaje. Al principio tendremos un código QR en un trozo de papel o en un teléfono móvil que escaneará un policía o un guardia de seguridad. Luego vendrá la «era del mercado de objetos conectados», en la que tendremos pulseras electrónicas y relojes conectados que sólo tendremos que pitar en los terminales automáticos. Se acabaron las colas, las molestias, un pitido, ya está, y la vida sigue.
¿Y el siguiente paso? ¿Un tatuaje biométrico? ¿Un chip bajo la piel? Invisible, insensible, y recogiendo todos nuestros datos financieros, fiscales, legales y médicos.
Observo que el concepto de identificador constante parece haber desaparecido durante las negociaciones a tres bandas entre el Consejo y el Parlamento, lo que suponía un riesgo de seguridad persistente en caso de violación de la confidencialidad en una sola ocasión. Lea el trabajo de Shoshana Zuboff sobre el capitalismo de la vigilancia: ¿nos conocerán las empresas y los gobiernos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos? El israelí Noah Harari predice que la tecnología de vigilancia predecirá y manipulará nuestras emociones: «Imagine Corea del Norte en 2030».
La cartera europea de identidad digital crea una forma de identificación cuyo simbolismo va mucho más allá de su utilidad puramente técnica.
Nota: Cortesía de Boulevard Voltaire
Sabine de Villeroché es periodista.
