Sexo, drogas y corrupción. La política estadounidense no deja de oscilar entre la tragedia y la farsa. Tras el culebrón de las escapadas libidinosas de Donald Trump con una ex-estrella del porno, ahora le toca a la familia Biden ser noticia con Hunter, el hijo del actual presidente, envuelto en múltiples escándalos de prostitución, abuso de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y acusaciones de malversación financiera.
Se trata de una mala publicidad para Joe Biden, que está en campaña para la reelección y, al igual que su hijo, podría prescindir de un juicio que podría mantenerle en las noticias hasta las próximas elecciones, para regocijo del bando republicano. En otras palabras, deshacerse del engorroso vástago es ahora una prioridad para los demócratas, que tienen prisa por ver cuanto antes a Donald Trump de nuevo al frente de la escena judicial.
El mes pasado, el objetivo parecía en vías de alcanzarse con el anuncio de la conclusión de un acuerdo entre Hunter Biden y el Departamento de Justicia en el marco de un procedimiento de declaración de culpabilidad por sus casos de fraude fiscal y de un procedimiento paralelo de desvío que le permitía eludir la acción de la justicia en el caso de posesión ilegal de un arma de fuego.
Esto no bastó para satisfacer a los republicanos, que denunciaron inmediatamente la indulgencia de un poder judicial politizado y el deseo de sofocar lo que, para ellos, es el meollo de la investigación: la posible implicación del propio Joe Biden en los dudosos negocios de su hijo con empresarios ucranianos y chinos.
Es cierto que los parlamentarios republicanos no escatiman esfuerzos para proseguir sus investigaciones en el Congreso, con el objetivo claramente declarado de llevar a buen puerto el procedimiento de impeachment contra el actual presidente.
El pasado mes de junio, dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que trabajaron en el caso de evasión fiscal de Hunter Biden declararon ante el Congreso que habían sufrido interferencias del Departamento de Justicia para retrasar y obstruir su investigación. «Ahora sabemos que el Departamento de Justicia de Biden participó activamente en un encubrimiento para evitar que los Biden se enfrentaran a la Justicia. También sabemos ahora que las pruebas críticas contenidas en el expediente de corrupción de Biden del FBI no se compartieron con los investigadores fiscales, que desde entonces han revelado que descubrieron pruebas potencialmente corroborantes en el curso de la investigación», dijo el republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El miércoles, Hunter Biden debía comparecer ante un tribunal federal del Estado de Delaware para ratificar el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, pero nada salió según lo previsto. La juez Maryellen Noreika se negó a dar su visto bueno, afirmando que necesitaba más información antes de pronunciarse. Ante este inesperado giro de los acontecimientos, el hijo del Presidente estadounidense decidió finalmente declararse inocente de fraude fiscal.
Lo más preocupante para el bando demócrata es que los fiscales, tras reconocer ante la juez que Hunter Biden seguía siendo investigado por sus actividades empresariales, declararon que cualquier nuevo acuerdo no le protegería de nuevos cargos. Las esperanzas de inmunidad se han esfumado y una espada de Damocles sigue pendiendo sobre la campaña de Joe Biden.
Al mismo tiempo, los republicanos se frotan las manos y están decididos a continuar con sus audiencias. Devon Archer, antiguo colaborador de Hunter Biden, debe declarar próximamente ante el Congreso para confirmar su afirmación de que Joe Biden, cuando era vicepresidente de Barack Obama y hombre clave sobre Ucrania, intervenía regularmente ante los socios comerciales extranjeros de su hijo. Por aquel entonces, Hunter Biden formaba parte del consejo de administración de la compañía de gas ucraniana Burisma (de 2014 a 2019) con un cómodo sueldo de 83.000 dólares al mes.
El 20 de julio de este año, el senador republicano Chuck Grassley publicó un memorando confidencial del FBI en el que se informaba de que el propietario de Burisma, Mykola Zlochevsky, había dicho a un agente en 2016 durante una reunión en un café de Viena (Austria) que había contratado a Hunter para protegerles, «a través de su padre, de todo tipo de problemas», al tiempo que añadía: «Cuesta 5 (millones) pagar a un Biden, y 5 (millones) por otro Biden».
Por el momento, se trata más de alegaciones que de pruebas, pero por su gravedad y su impacto mediático, Hunter Biden bien podría convertirse en el principal obstáculo para la reelección de su padre.
Nota: Cortesía de Boulevard Voltaire
Frédéric Lassez es cronista en Boulevard Voltaire. Doctor en filosofía y derecho, es jurista en el ámbito del derecho privado.
