La llamada ley trans, que por la convulsión que está ocasionando en la política española y en el movimiento feminista pasará a la historia como la ley más famosa de España, ha cumplido el trámite de la comisión de igualdad sobre las enmiendas que había presentado el PSOE, que no han sido aprobadas.
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El lunes se procederá a votar en el Congreso. El tema de las enmiendas era el consentimiento de los menores para proceder a su cambio de nombre. Las representantes del PSOE han planteado este tema de la ley dada la gravedad de las consecuencias que puede tener para un niño o una niña. Pero la intervención de la representante socialista en la comisión de igualdad ha sido inaceptable. Sin mencionar las enmiendas que tenía que defender se dedicó a loar a su partido recordando su larga historia y sus grandes personajes y utilizó parte de su tiempo a criticar al Partido Popular y a Vox, sin que viniera a cuento, como si estuviera en un mitin electoral. En definitiva, que no nos hemos enterado ni de qué iban las enmiendas que presentaba ni las ventajas que aportaban a la ley y a la sociedad española.
Pero no es ese únicamente el aspecto más lesivo para la naturaleza humana que pretende legalizar la obsesa Irene Montero. Todo el texto legal es un disparate jurídico y sobre todo humano. Desde la exposición de motivos, que, como los muchos engrudos legislativos de nuestro país, dedica páginas y páginas a explayarse sobre las motivaciones que han llevado a la redacción del texto, hasta el último artículo de la ley, es un compendio de absurdos que sólo conducen a un mundo distópico donde no existan ni hombres ni mujeres ni madres ni padres ni hijos ni hijas.
Eliminado el sexo como categoría determinada por la biología, sin cambio posible, los seres humanos se convierten en constructos teóricos maleables, al ritmo de los deseos de los individuos. Para lograr esta transformación han de colaborar psicólogos, médicos, psiquiatras, farmacéuticas, clínicas quirúrgicas, colegios profesionales, abogados, jueces, y antes que nada legisladores que den carta de ley a las exigencias de un grupo de personas angustiadas por lo que llaman «disforia de género».
Lo más contradictorio es que todos esos equipos de profesionales tengan que intervenir en lo que se pretende, por el contrario, que es no tener que mostrar una apariencia del sexo opuesto ni haberse sometido a exploraciones médicas ni psiquiátricas para inscribir el cambio registral. Pero una vez alcanzado el objetivo de modificar su sexo en el carnet de identidad, puede seguir el calvario de hormonación, castración, injertos de pene, construcción de vaginas artificiales, mutilación de pechos, y una larga cadena de medicaciones y revisiones que convierten a seres sanos en enfermos crónicos. Y eso desde la infancia.
En este tema, capaz de confundir la mente más lúcida, todo son contradicciones. La ley invade competencias de otras legislaciones ya aprobadas, como la de Violencia de Género, que ahora se podrá aplicar también a las parejas «transformadas» eliminando con ello la protección a las mujeres que se pretendía con esa norma legal. Conculca las normas constitucionales de protección de la familia, la patria potestad de los padres, la edad de alcanzar la mayoría de edad y las competencias que se adquieren a partir de ese momento. Y sobre todo la realidad humana, asegurando que hay hombres gestantes y que las mujeres son personas con vulva.
En este interminable periplo del proyecto, la comisión de igualdad, siguiendo los deseos de Irene Montero, no ha permitido la consulta con profesionales de las diversas disciplinas ni con el movimiento feminista, públicamente hostil a semejantes disposiciones. La ley se ha gestado en la privacidad del ministerio de igualdad y del consejo de ministros, eludiendo todas las demás opiniones y conocimientos científicos.
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En esta batalla entre quienes defienden tales propuestas dementes y los que exigen que se respete la realidad biológica indiscutible, se han invertido años de debates cada vez más violentos, se han producido agresiones continuas, tanto verbales como físicas, de los trans contra quienes se opongan a sus pretensiones, se ha gastado el dinero de los contribuyentes en los repetidos y abandonados proyectos de ley que se están discutiendo desde hace varios años, y sobre todo han hecho negocio los profesionales implicados en los trámites y operaciones necesarias para llevar a término los deseos del colectivo implicado. Muchos de los cuales permanecen en silencio, protegiendo cobardemente sus intereses económicos.
En el último periplo de discusión en el próximo pleno del Congreso el propósito del ministerio de igualdad puede no ser conseguido porque el Partido Popular quizá se sumará a la aprobación de las enmiendas planteadas por el PSOE, ¿Pero eso es todo lo que se precisa en este trascendental tema que afecta a toda la humanidad? Tanto el PSOE en su conjunto como las feministas del partido que se han mostrado contrarias a ese proyecto, ¿van a aceptar tan pequeño avance? ¿Será capaz el Congreso de los Diputados de dar el visto bueno a ese nuevo engendro legislativo que tendrá consecuencias aún más nefastas que la ley «del sí es sí»?
Cuando nos encontramos ante la evidencia de que nuestro gobierno pretende abolir la realidad, el Partido Feminista hace un llamamiento a la sociedad civil para que se manifieste rotundamente en contra de semejante dislate que causará innumerables sufrimientos a las mujeres, a los menores, a las familias y en definitiva a toda la sociedad, que se aboca a un futuro distópico, del que saldrá dejando innumerables víctimas en el camino.
