Decía Michel Debré en Los nuevos intelectuales que “pertenece al Estado escoger, dirigir, imponer, pues no es un árbitro entre los intereses privados es la expresión del interés general, de los derechos de la nación”.
La gran pugna partidista por hacerse por el control del Estado moderno ha dejado fuera del debate la cuestión de la soberanía. Y es precisamente ésta la que merece ser reivindicada y defendida. Lo podemos expresar de otra forma, y en palabras de Alain de Benoist, diciendo que el Estado no se justifica más que en la medida que se define primeramente como un organismo político soberano.
Uno de los grandes juristas que influyó en Carl Schmitt, y que tuvo una gran influencia en la escuela antirracionalista alemana, Carré de Malberg, decía que “el Estado ostenta un poder que no depende de ningún otro poder, y que no puede ser igualado por ningún otro poder”.
Mas el Estado soberano no se sitúa fuera del pueblo como pudo desear Hegel, sino que debe estar ligado al pueblo aunque sin confundirse con él.
Son muchas las preguntas y cuestionamientos de lo intocable que caben y deben hacerse en este final de la segunda década del siglo XXI. En lo referido a España, es posible afirmar la dependencia en políticas de defensa, económicas y regulatorias de estructuras no elegidas por el pueblo, que la definen como claro ejemplo de soberanía secuestrada. Si a ello añadimos el proceso de implosión generado por una Constitución que ha obligado a entregar la gran mayoría de sus competencias a regiones autónomamente constituidas, asistimos a una centrifugación hacia fuera (competencias entregadas a la Unión Europea) y hacia dentro (entregadas a las comunidades autónomas) dando como resultado un Estado vacío como no se da en ningún otro Estado europeo.
La aceleración del proceso de globalización tras la caída del Muro de Berlín en 1989 en la dirección de un mundo unipolar de «paz perpetua» en el sentido kantiano o de «fin de la historia» como lo conceptuó Francis Fukuyama ha provocado que las grandes corporaciones multinacionales, que no están sometidas responsabilidades políticas ni a los vaivenes de la opinión pública (o publicada) puedan atacar y mediatizar los mercados y finanzas de gobiernos y Estados.
Son precisamente esas fuerzas multinacionales opacas las que no desean que los trabajadores participen en la dirección de sus empresas, ya que ello limitaría el libre desplazamiento de un capital que es indiferente a la suerte de los puestos de trabajo, y a las directrices de una política económica nacional diseñada a medio y largo plazo que fuese más allá de cortos intereses electorales de origen partidista.
La liquidación de la soberanía nacional en España ha tenido como principal protagonista a la izquierda política. Bajo sus mandatos se abrogó toda capacidad reguladora y mediatizadora del Estado. Se desmantelaron medios de producción pública y renunciando a su gestión para trasladarlos al capital multinacional, alejando a municipios, sindicatos, cooperativas, trabajadores y organizaciones sociales de toda capacidad de intervención real.
No sólo sectores como el alimentario han pasado a manos de multinacionales, las funciones que podríamos llamar “ideológicas” se han entregado a capital privado. Los medios escritos en 1984, los radiales en 1985 y los televisivos en 1989, con expresa prohibición del entonces presidente socialista que fue Felipe González de que colectivos sociales, cívicos o sindicatos pudieran tener acceso a ellos.
La defensa, uno de los pilares de la soberanía nacional, fue subordinada a un organismo de la potencia hegemónica mundial en un referéndum tan falso como engañoso para la población que había antes votado que no se permitiría la entrada de España en la OTAN.
Desde entonces y de una forma acelerada las empresas ya no actúan por criterios nacionales o sociales, sino que pueden tener financiación en Nueva York, decisiones que vienen de Bruselas, plusvalías que se reinvierten en Asia o sus circuitos de información son canalizados por alguna agencia de prensa de capital íntegramente internacional.
Carlos Martínez-Cava: Refundación soberana. Letras Inquietas (Enero de 2020).
Nota: Este artículo es un extracto del citado libro.
