Una investigación de las Naciones Unidas ha concluido que el dinero proporcionado por la Unión Europea a entidades estatales en Libia ha facilitado crímenes contra la humanidad que van desde el trabajo forzado y la esclavitud sexual hasta la tortura.
A través de su apoyo financiero a la Guardia Costera de Libia y la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal de Libia (DCIM), la Unión Europea ha ayudado e instigado crímenes contra la humanidad, según un informe reciente de la ONU.
El 27 de marzo de 2023, las Naciones Unidas publicaron los resultados de una investigación de tres años, confirmando que «la detención arbitraria, el asesinato, la violación, la esclavitud, la esclavitud sexual, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada» se han convertido en una «práctica generalizada» en la que fuera en otros tiempos la nación próspera de Libia, la cual se vio sumida en una guerra civil por causa de la acción bélica en pro de un cambio de régimen iniciada por la OTAN hace más de una década.
Si bien se descubrió que los crímenes de lesa humanidad estaban generalizados en todo el país, el informe se centró en la difícil situación de los migrantes y culpó a la Unión Europea por permitir que el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli promulgue abusos contra los africanos que buscan asilo en Europa.
El informe decía en su sección introductoria: «La misión encontró que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra migrantes en lugares de detención bajo el control real o nominal de la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal de Libia, la Guardia Costera de Libia y el Aparato de Apoyo a la Estabilidad. Estas entidades recibieron apoyo técnico, logístico y monetario de la Unión Europea y sus Estados miembros para, entre otros, la interceptación y devolución de migrantes».
En otras palabras, en lugar de interceptar directamente a los inmigrantes que viajan en barco a Europa, la Unión Europea ha subcontratado el trabajo sucio a la Guardia Costera de Libia. Una vez que la guardia costera detiene a los migrantes, los envían de regreso a Libia y los transfieren a prisiones oficiales y secretas, donde a menudo son explotados para obtener ganancias financieras mediante trabajos forzados, rescate o esclavitud sexual.
«Hay motivos razonables para creer que los migrantes fueron esclavizados en los centros de detención de la Dirección para Combatir la Migración Ilegal», indicó el informe, y agregó que el personal y los funcionarios de la DCIM y la Guardia Costera están involucrados «en todos los niveles», mientras que los funcionarios de alto rango “se compincharon ” con traficantes y contrabandistas tanto en el contexto del arresto como de la intercepción.
“La Misión también encontró motivos razonables para creer que los guardias exigieron y recibieron pago por la liberación de los migrantes. La trata, la esclavitud, el trabajo forzoso, el encarcelamiento, la extorsión y el contrabando generaron importantes ingresos para personas, grupos e instituciones del Estado”, afirma el informe.
En 2017, los medios internacionales informaron sobre el resurgimiento de la trata de esclavos en África debido a las continuas consecuencias de la operación de cambio de régimen respaldada por la OTAN para deponer al líder libio Muammar el-Gaddafi. Naciones Unidas ha confirmado ahora que la práctica no solo persiste, sino que ha sido habilitada por la Unión Europea.
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«El apoyo brindado por la Unión Europea a la Guardia Costera de Libia condujo a violaciones de ciertos derechos humanos», dijo a los periodistas el investigador de la ONU Chaloka Beyani. «También está claro que la DCIM es responsable de multitud de crímenes contra la humanidad en los centros de detención que administra. Así que el apoyo que les ha dado la Unión Europea lo ha facilitado. Aunque no estamos diciendo que la Unión Europea y sus estados miembros cometieron estos crímenes, el punto es que el apoyo brindado ha ayudado e instigado la comisión de los crímenes».
Según un informe de 2021 de Brookings Institution, la Unión Europea ha canalizado 455 millones de dólares a la Guardia Costera de Libia y otras agencias gubernamentales desde 2015.
Mientras tanto, una investigación de The Outlaw Ocean Project y The New Yorker descubrió que el dinero de la Unión Europea «paga todo, desde los autobuses que transportan a los migrantes capturados en el mar desde el puerto hasta las prisiones, hasta las bolsas para cadáveres que se usan para los migrantes que perecen en el mar o mientras está parado».
Según su investigación conjunta, la Dirección para Combatir la Migración Ilegal de Libia «recibió 30 Toyota Land Cruisers especialmente modificados para interceptar a los migrantes en el desierto del sur de Libia», mientras que el dinero de la UE también ayudó a la DCIM a comprar «10 autobuses para enviar a los migrantes cautivos a las cárceles después de que son detenidos».
El derrocamiento violento del gobierno de Gaddafi por parte de la OTAN y las bandas de insurgentes salafistas que patrocinó en 2011 sumió a Libia en un estado de guerra civil, con franjas del país invadidas por Al Qaeda y bandidos alineados con ISIS. Mientras la OTAN y sus representantes yihadistas se abalanzaban sobre él, Gaddafi advirtió que su expulsión provocaría la desestabilización de regiones enteras del continente y una nueva crisis migratoria para Europa, con el Mediterráneo transformado en un «mar de caos».
El hijo de Gaddafi, advirtió de manera similar en ese momento, «Libia puede convertirse en la Somalia del norte de África, del Mediterráneo. Verás a los piratas en Sicilia, en Creta, en Lampedusa. Verás millones de inmigrantes ilegales. El terror estará al lado vuestro».
El investigador de la ONU, el profesor Beyani, culpó de la crisis actual de Libia a una «contienda por el poder», en alusión al vacío de poder que Occidente creó en Libia con su guerra de cambio de régimen, evitando cualquier referencia directa a este. Human Rights Watch también se ha alejado de la discusión sobre la intervención de la OTAN en 2011 en su cobertura del informe de la ONU, que describió como «brutal y condenatorio». Quizás eso se debió a que su director en ese momento, Ken Roth, fue un prolífico partidario del ataque.
La transformación de Libia en un infierno anárquico ha reducido drásticamente el riesgo de que las autoridades de la Unión Europea detecten a los posibles inmigrantes a Europa. El informe de la ONU estima que más de 670.000 migrantes estuvieron presentes en Libia durante partes de su investigación.
La falta de un gobierno central fuerte y estable en Trípoli ha permitido que se desarrolle toda una industria con la explotación de los inmigrantes como modelo de negocio. «La detención, el tráfico de migrantes, es un gran negocio en Libia. Es un proyecto empresarial», dijo Beyani a France 24 tras la publicación del informe.
Si bien la Corte Penal Internacional acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, con cargos inventados por investigadores patrocinados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el nuevo informe de la ONU sobre Libia ha sido tratado por los medios estadounidenses y europeos en gran medida como una nota al pie, a pesar del papel de Occidente como arquitecto clave de la pesadilla en curso del país.
Fuente: The Grayzone
Traducción: Carlos X. Blanco
